Colombia está en serio riesgo de perder, en cuestión de meses, más de 15 años de avances en reducción de pobreza por cuenta de la recesión económica causada por COVID-19, con todas las penas que eso implica para millones de colombianos.
El país había logrado reducir su incidencia de pobreza de 50% en 2002 para 37% en 2010 y 27% en 2018. Igualmente, el índice Gini de desigualdad de distribución del ingreso, aún con avances más lentos y entre los peores de América Latina, pasó de 0,57 en 2002 para 0,56 en 2010 y 0,51 en 2018. (Ver detalles en: https://bit.ly/2ZFxo5s)
Pero según la Nota Macroeconómica No. 20 del observatorio de coyuntura económica y social del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, la recesión económica causada por COVID-19 podrá hacer subir la pobreza de 27% a 43% (7,3 millones de personas más que en 2019) y subir el coeficiente Gini de desigualdad de 0,51 a 0,57 en 2020.
Hay que hacer lo posible por mitigar estos impactos y promover una pronta e intensa recuperación.
Estos impactos pueden mitigarse parcialmente en el corto plazo con los programas en curso de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario.
Sin embargo, las transferencias inicialmente planeadas son de corto plazo (1-3 transferencias mensuales), son relativamente bajas (cada ingreso solidario es de sólo COP 160.000 /mensuales por três meses) y suponen una recuperación rápida de los ingresos. Infelizmente, una recuperación no será en 1-3 meses y existe incertidumbre sobre cuánto puede tardar esa recuperación y el ritmo de la misma.
Por otro lado, se ha intentado contener la pérdida de empleos con programas que garantizan el 80% de los créditos a MIPYMES y subsidios a la nómina de empresas que demuestren caída de más de 20% en su facturación. Pero múltiples pequeños empresarios se están quejando que no están consiguiendo acceder a estos créditos y ayudas. Igualmente, estas ayudas están excluyendo a empresas registradas en nombre de personas naturales, que suman 77% de los registros en las cámaras de comercio.
El Gobierno debe explorar otras medidas y canales para facilitar que lleguen las ayudas a las MIPYMES e incluir las empresas registradas en nombre de personas naturales en esos programas.
Así mismo, el Gobierno tendrá que tomar medidas adicionales (incluyendo una emisión importante de deuda y el mayor déficit fiscal de su historia) y realizar reformas estructurales para proteger mejor a los colombianos en situación de pobreza y vulnerabilidad de una manera más duradera, eficiente y eficaz ante esta crisis y futuros valles de los ciclos económicos. Esto implica reformas tributarias de fondo bajo el espíritu de “todos ponen de forma progresiva”, ampliación del campo de aplicación del seguro de desempleo o protección al cesante (ley 1636 de 2013), mejoras al sistema de seguridad social e institucionalización del ingreso solidario o ingreso mínimo para aquellos por debajo de línea de pobreza y/o de vulnerabilidad económica. Esta crisis puede convertirse en una oportunidad para dar un salto en seguridad y justicia social en el país.
Igualmente, sabiendo que es probable que esta situación no levante cabeza en los próximos meses, todos los colombianos tenemos que entender desde ya que el llamado a la solidaridad no es sólo del Estado, sino de todos nosotros (que por cierto, también integramos ese Estado). Somos llamados a ser solidarios todos, desde nuestra posibilidades y desde donde estemos con nuestros familiares, amigos, conocidos y extraños que estén pasando y que pasarán grandes necesidades.
¡De esta salimos juntos y siendo solidarios! ¡No hay de otra!
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