Colombia debe avanzar en el desarrollo de una cultura del “todos ponemos” y del desarrollo empresarial para construir un país más próspero.

Mucha gente piensa que sólo las empresas y los ricos deben pagar impuestos, mientras se hacen los de la vista gorda o les parece bien que los demás evadan impuestos y sólo exijan derechos. Eso necesita cambiar.

Con excepción de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad económica, todas las demás personas naturales, así como las personas jurídicas o empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, deberían tributar de forma proporcional a su renta y de forma progresiva (a mayor nivel de renta, mayor el porcentaje de impuestos a pagar sobre la base gravable).

Hoy sólo tributan aquellos colombianos con ingresos anuales mayores a 46,4 millones anuales ó 3,9 millones mensuales. Esto es, 3 millones ó 6% de tributantes en un país de 49 millones. Ese punto de corte debería deiminuir de 3,9 millones para 2,5 a 3,0 salarios mínimos legales mensuales vigentes – SMLMV (unos 2,5 millones al mes).

En este sentido, de la reciente reforma tributaria (ver texto final aquí: https://www.accounter.co/wp-content/uploads/2019/12/Texto-definitivo-reforma-tributaria-2019.pdf) me pareció acertada la aprobación del artículo que reembolsa el IVA a los hogares en situación de pobreza y del artículo que exime de IVA servicios básicos como educación, salud y transporte público. Pero se quedó corta en el “todos ponen” y continúa dejando el código tributario con muchas exenciones en vez de avanzar en un marco tributario más sencillo, más bajo y más homogéneo que incentive la declaración, disminuya la evasión, aumente el recaudo y nos torne más atractivos en el vecindario para la inversión extranjera directa (un impuesto de renta empresarial competitivo en América Latina estaría en el rango del 25% al 30%, homogéneo).

Una cultura fuerte del “todos ponemos” ayudaría a construir unas finanzas públicas más robustas para el Estado y mejorar la cobertura y calidad de derechos y servicios públicos como educación, asistencia en salud, transporte, etc. y bienes públicos como hospitales, escuelas, acueducto, alcantarillado, parques, etc., para beneficio de todos y en especial para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad económica. En un escenario de este tipo la distribución del pago del impuesto de renta por fuente debería cambiar de 22% por personas naturales y 78% por personas jurídicas o empresas (ver imagen anexa), para unos 70% por personas naturales y 30% por empresas, además de un IVA más bajo, en línea con países más desarrollados (OCDE, 2018):

La actividad empresarial e inversión serían más desoneradas y las personas naturales pagaríamos la mayoría del impuesto de renta y financiaríamos la seguridad social desde mismo momento en que nos pagan salarios, honorarios o una factura (idealmente en una economía totalmente digitalizada y con población bancarizada, que no está lejos, y permitiría operacionalizar y controlar todo esto con procesos digitales, automatización e inteligencia artificial). Para llegar allá, debemos avanzar económicamente, tecnológicamente y, sobretodo, culturalmente (disminuyendo los hábitos del atajo y evasión fiscal que hoy están campeando).

Así mismo, los subsidios de los bienes y servicios públicos se tienen que distribuir mejor: deben cubrir un porcentaje mayoritario o total del costo del servicio para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad; una proporción mediana para los de renta media; y una proporción baja o nula para los de renta alta. Esto en todos los frentes: pensiones, asistencia en salud, educación, etc. ¿Obvio sí o no? Pues no parece, porque hoy tenemos varios frentes donde las cosas están al revés. Uno de ellos es el frente de pensiones. Cito un artículo de El Tiempo sobre este punto:

“De los más de 72 billones de pesos que al año debe sacar el fisco para todos los fines sociales, unos 20 billones de pesos se están yendo a subsidiar las pensiones del régimen público (prima media). De esos subsidios, el 65 por ciento (unos 13 billones de pesos) va al 20 por ciento de mayores ingresos de la población, y menos del uno por ciento (solo 200.000 millones de pesos al año) se van subsidiar las pensiones del 20 por ciento de la población de menores ingresos. Por ejemplo, hoy en día, según cifras oficiales, una persona que cotizó en el régimen de prima media sobre el salario mínimo recibe 66 millones de pesos en subsidios, mientras que una persona que aportó sobre 10 salarios (un sueldo de más de 8 millones de pesos mensuales), recibiría 282 millones de pesos. Y si es alguien que cotiza sobre 25 salarios mínimos (más de 20 millones mensuales de salario) recibiría 731 millones de pesos en subsidios, según cálculos de Colpensiones y del Ministerio de Trabajo.” (ver artículo en https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cuanto-cuestan-los-subsidios-a-las-pensiones-altas-425252)

Ese tipo de entuertos tiene a muchas personas sin cobertura de pensión o al menos un aporte parcial del Estado en su vejez. Hay que corregir. Y hay que aprovechar los avances de la tecnología y los servicios financieros para hacerlo mejor.

Siguiendo esa dirección, a medida que nuestro país va mejorando sus niveles de renta per capita, distribución de ingreso y renta fiscal, iremos aumentando la cobertura y calidad de los bienes y servicios financiados y subsidiados por el Estado. Sería bueno visualizar esas etapas y niveles de cobertura y calidad correspondientes, hasta lograr lo que todos queremos: cobertura universal con alta calidad. Pero paso a paso y con los pies en la tierra.

Los mayores opositores al “todos ponemos” y/o que con frecuencia evaden impuestos suelen decir “no pago impuestos porque todo se lo roban los corruptos”, “la plata no alcanza para lo básico, menos para pagar impuestos” y “los que deben pagar impuestos son sólo los ricos”.

Un esquema más justo haría que todos aquellos con ingresos a partir de 3 salarios mínimos tributen (Hoy lo hacen aquellos con ingresos mayores que 4,7 salarios mínimos mensuales), comenzando con un porcentaje bajo de tributación que aumente conforme aumenta el ingreso. Algo así como: quien gane 3 a 5 salarios mínimos (SMLMV) que pague sólo 5% de impuesto de renta, 6 a 8 SMLMV que pague 10%, 9 a 11 SMLMV que pague 15%, 12 a 14 SMLMV que pague 20%, 15 a 17 SMLMV que pague 25%, 18 a 20 SMLMV que pague 30% y más de 21 SMLMV que pague 35%. A pesar que estoy de acuerdo con el énfasis en la prevención y combate de la corrupción, me parece que les falta asumir más responsabilidad con lo público, solidaridad, coherencia y ética a quienes evaden impuestos. Este pensar y comportamiento no ayudan a sacarnos del círculo vicioso y de unas finanzas públicas insuficientes para atender las demandas por las que salimos a marchar en las calles.

En resumen, hay que construir una sociedad donde “todos ponemos” de forma progresiva y mejorar la focalización de los subsidios con una lógica proporcional con la necesidad, en todos los frentes de servicios públicos (pensiones, cesantías, asistencia en salud, educación, energía, etc.).

Por otra parte, nuestro país y sociedad debe continuar explorando mejoras continuas para estimular, facilitar y apoyar el desarrollo de la micro, pequeña, mediana y grande empresa.

A pesar de las excepciones, lo más frecuente es que cuando las empresas se vuelven más productivas, invierten, se expanden y adoptan mejores prácticas de gobierno y gestión, las mismas, en promedio, mejoran los salarios y beneficios para sus empleados.

El +90% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas. Cuando se toman decisiones que benefician a las empresas, no sólo se beneficia el 5% de grandes empresas, ni sólo se benefician “sus accionistas mayoritarios ricos”. Se benefician también sus empleados, proveedores, clientes, comunidades y regiones de influencia, y accionistas minoritarios (que en un mercado de capitales cada vez más desarrollado, serán miles y quizá millones más cada año). Por otra parte, el 86% de los impuestos en el país lo pagan personas jurídicas/empresas, en especial las grandes contribuyentes (ver imagen), no los hogares y personas naturales como muchos creen. Esto en mi opinión debe ser al revés. La actividad empresarial generadora de empleo y beneficios debe tener un marco tributario bajo, sencillo y homogéneo, mientras el grueso de los impuestos lo deben pagar las personas naturales.

Finalmente, debemos tomar el emprendimiento y el desarrollo empresarial en un valor o virtud de amplia valoración social. Esto en vez de estigmatizar el emprendimiento y el empresariado negativamente, atribuyéndoles estigmas de codicia y abuso, o tratándolas como vacas lecheras que hay que ordeñar hasta la última gota. He apoyado como consultor a decenas de empresas y yo mismo soy uno pequeño y en crecimiento. Sé de la lucha diaria y anhelo de la gran mayoría por sacar adelante a sus empresas, por generar impacto positivo con sus bienes y servicios, por brindarle una mejor remuneración y beneficios a sus empleados y accionistas, y agregarle valor a todos sus grupos de interés.

Un mejor país los construimos entre todos, con una ciudadanía responsable y solidaria, empresas prósperas e instituciones incluyentes.