Esta semana los indígenas del departamento colombiano del Cauca han estado en los titulares de noticieros y prensa debido a sus manifestaciones en contra de la presencia de grupos armados, tanto legales como ilegales, en cercanías de sus resguardos.

Para ponernos en contexto, Colombia tiene aproximadamente 1.063.448 indígenas viviendo en 15 resguardos (Departamento Nacional de Estadística – DANE, 2011). Esto suma casi lo mismo que las capitales Pasto – Nariño (con 423.217), Manizales – Caldas (con 391.640) y Popayán – Cauca (270.340) juntas. Se supone que los resguardos son instituciones legales socio-políticas conformadas por territorios indígenas con títulos de propiedad comunitaria y que se rigen por estatutos especiales autónomos. Este derecho se los reconoce la misma Constitución Política de Colombia.

En el mapa a continuación podemos ver dónde están ubicados los resguardos indígenas en Colombia:

Sin embargo, estos resguardos y su «autonomía» no han sido ajenos al conflicto armado colombiano.

Veamos el caso de Cauca, un departamento con 19% de población indígena (DANE, 2005) y que tenemos presente por los acontecimientos recientes. En este departamento hay más de 38.600 indígenas viviendo en tres resguardos: Jambaló con 14.574 indígenas, Tacuevo con 12.319 y Guambia con 11.707. Estos tres resguardos están muy cerca de Toribío, el municipio de 26.500 habitantes con alta proporción de indígenas, que ha sido centro de acontecimientos del conflicto, de manifestaciones y de atención de los medios de comunicación en estas últimas dos semanas. Una de las principales razones para la presencia de la guerrilla en esta región de Colombia  es su geografía estratégica para la producción y comercialización de narcóticos. Esta se encuentra a tan solo 200 kilómetros de la costa pacífica.

Lo que pocos colombianos sabemos es que Toribío ha sido objeto de más de 12 ataques de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en lo corrido de 2012 y, según el ex-gobernador de Nariño Antonio Navarro, de más de 400 ataques guerrilleros en los últimos 10 años. Dirigentes indígenas afirman que sólo los ataques de 2012 les han dejado un saldo de más de 40 muertos y 500 heridos.

No en vano la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca le ha expresado reiteradamente y formalmente a las FARC desde la Declaración de Vitoncó, en 1985: «No aceptamos sus fuerzas guerrilleras en nuestros territorios. No las queremos y no las necesitamos.» (Ver la versión completa de esta carta de la asociación de cabildos indígenas a las FARC aquí.) Así mismo, le han expresado al Gobierno Nacional que este no ha sido capaz de protegerlos, que se han sentido abandonados y en muchos casos, atropellados por el mismo Estado.

La gota que les rebosó la copa a los indígenas del Cauca fue un ataque la semana del lunes 9 de julio contra Toribío. Este ataque de las FARC duró tres días y culminó con la explosión de un cilindro en el centro de salud indígena local y graves heridas a dos enfermeras.

Los indígenas reaccionaron dando un ultimátum a las FARC y el Ejército exigiéndoles su retiro de los territorios indígenas a más tardar el martes 17 de julio a la media noche.

Con explicaciones simplistas al ultimátum de los indígenas un bando y otro los acusan de complicidad con el enemigo. El líder indígena José Domingo Caldono le afirmó al diario El Espectador que «La guerrilla dice que los indígenas estamos de parte del Estado, y el Estado -algunos funcionarios- dice que los indígenas estamos infiltrados por la guerrilla. Las dos razones no existen.» Recalcó que en las comunidades indígenas no se sienten representados «ni en unos ni en otros.» 

Como ambos bandos no se retiraron y expresaban que ahí seguirían, el martes 17 de julio de 2012 los medios registraron a los indígenas expulsando a militares colombianos de su base en el cerro Berlín, en Toribío. Dos días después los medios reportaron lo que Revista Semana resume en esta cita «En Toribío, en una muestra de que su decisión es contra todos «los armados», los indígenas detuvieron a cuatro guerrilleros en las afueras de Toribío y, el jueves 19 de julio, les iniciaron un juicio público, según su costumbre.» Luego de casi tres horas de deliberaciones, la asamblea general de indígenas de Toribío encontró que los cuatro guerrilleros retenidos pusieron en riesgo a su comunidad y les aplicaron una sanción a fuete. A los tres adultos los someterían a 30 fuetazos, mientras que el menor guerrillero de 16 años recibiría 10 fuetazos. Según una de las autoridades nativas a ellos «se les castiga porque pudieron ocasionar un ataque de la Fuerza Pública contra [nuestra] comunidad.» 

Ante la expulsión de militares de Toribío muchos colombianos reaccionaron indignados. Por ejemplo, el ex-presidente Alvaro Uribe Vélez los tildó de bandidos y de cómplices de la guerrilla. Y ante la captura y castigo de los guerrilleros de las FARC muchos colombianos no reaccionaron con alegría y, por el contrario, un número importante se enfocó en condenar la decisión de 10 fuetazos al menor.

Me parece insensible e injusto que se juzgue a los indígenas del Cauca de esa manera tan desbalanceada y simplista, desconociendo todos los antecedentes de violencia, incluso recientes, que han sufrido. Yo estoy de acuerdo con las palabras que le compartió a Revista Semana un funcionario del Gobierno que conoce de cerca la situación: «Esta pobre gente de Toribío ha aguantado bala cada día, todos estos años. Antes ha aguantado mucho. Lo que está mostrando es desespero. La parte que la gente no ve es que la población está hastiada. Hastío y desconfianza, y no infiltración, pueden ser las palabras claves tras esta nueva crisis; que, además, tiene lugar en medio de un giro de fondo en la situación militar que está elevando al máximo las tensiones en la compleja y sufrida sociedad caucana.»

Muchos indígenas de esta región del Cauca han sido amenazados, asesinados y reclutados forzadamente por la guerrilla. Para nadie es un secreto que la guerrilla influye por amenaza, y en pocos casos por convicción, en muchas comunidades incluyendo las de estas áreas del Cauca donde tiene presencia de larga data. A pesar que puede haber infiltrados de la guerrilla en las comunidades y asociaciones indígenas, dudo que un asocio con la guerrilla sea lo que ellos deseen de fondo. Estas lo que quieren es que se les respete su autonomía y vivir en paz como los demás colombianos.

Pero infelizmente en el marco del conflicto, los actores armados muchas veces ponen entre la espada y la pared a muchas comunidades, incluyendo las indígenas. Es precisamente esta serie de situaciones de «sándwich» en la que los actores armados han puesto a nuestras comunidades (la mayoría rurales), lo que ha generado el éxodo del desplazamiento en Colombia. Según el Gobierno, desde el año 2000 y hasta la fecha suman más de 3,9 millones colombianos desplazados por la violencia y el conflicto armado. El Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES) añade dos millones más (porque suma desde 1985, así como el desplazamiento inter-urbano y debido a las fumigaciones) para un total de 5,8 millones de desplazados. Esto nos ubica en el infame puesto número uno mundial en desplazamiento interno.

No soy tan ingenuo como para pensar que toda la fuerza pública debe retirarse del Cauca. Sin embargo, creo que los indígenas necesitan ser escuchados, protegidos y atendidos por el resto de la sociedad, los medios de comunicación y el Estado colombiano con una mejora substancial de los programas sociales para ellos. Por eso aplaudo los diálogos que iniciará el Gobierno Nacional con los indígenas del Cauca esta semana. Menos bala y más intervención social integral centrada en su respeto, sus necesidades y sus costumbres es lo que necesitan nuestras comunidades indígenas y rurales que tanto han sido aquejadas por la violencia y la pobreza.

Categorías:Social Development

Etiquetas:desarrollo social, indígenas, violencia