La Responsabilidad de Proteger (R2P) es un principio refrendado en el Documento Final de la Cumbre Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de 2005 (párrafos 138-139), que establece que los Estados deben proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad.

Si un Estado no cumple este principio, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar colectivamente (primero de forma pacífica y, posteriormente en casos graves, con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU).

Con base en numerosas investigaciones e informes de organismos internacionales legítimos (como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela y organizaciones de derechos humanos como el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, Human Rights Watch y Amnistía Internacional), se argumenta ampliamente que la situación y el comportamiento del régimen actual en Venezuela cumplen los criterios de la Responsabilidad de Proteger debido a la comisión sistemática y masiva de crímenes de lesa humanidad.

Los crímenes del régimen venezolano incluyen miles de detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas, violencia sexual y persecución por motivos políticos. El uso de la distribución de alimentos y medicamentos como herramienta de control político. La criminalización del Estado, donde altos funcionarios del Gobierno y militares están involucrados y controlan rutas de narcotráfico, minería ilegal y colaboran con grupos armados terroristas internacionales como ELN, FARC-EMC, FARC-SM, Tren de Aragua, Hezbolah y Hamas. Además, este régimen ha sido el principal responsable de debilitar la empresa privada y aumentar en su población la incidencia de pobreza a más de 80%, aumentar la inseguridad alimentaria moderada a severa a más de 40% y aumentar la inflación a más de 100%, alcanzando la asombrosa cifra del 130.060% en 2018. Todo este caos ha causado la huida de más de 8 millones migrantes y desplazados forzados venezolanos (quizá el mayor éxodo de la historia mundial), y ha fortalecido organizacionais criminales, generando presiones a los sistemas de protección social y seguridad de otros países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, España y Estados Unidos.

Ante esta tragedia, que cumple con los criterios para ejercer la Responsabilidad de Proteger, las Naciones Unidas, en lugar de actuar, entraron en un punto muerto en el Consejo de Seguridad de la ONU. La razón principal es que Rusia y China han utilizado sistemáticamente su poder de veto para bloquear resoluciones que impongan sanciones o autoricen medidas «decisivas» contra el gobierno de Maduro. Asimismo, solo han habido declaraciones políticas, pero falta de acción multilateral: la ONU nunca autorizó un mandato de protección hacia Venezuela, por ejemplo.

Por lo tanto, a pesar de las críticas, apoyo que la ONU actúe contra el régimen criminal venezolano de Nicolás Maduro y sus secuaces, y ante su inacción, apoyo la presión, el actuar militar cirúrgico y la hoja de ruta hacia la normalización y la democracia que Estados Unidos impone a Venezuela, aún bajo la excusa de una operación policial contra criminales acusados por sus cortes judiciales como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

Y más aún: Creo que el mundo sería mucho más seguro y más respetuoso de los derechos humanos, no bajo el liderazgo y el veto de autocracias como Rusia, China, Venezuela, Cuba, Irán y Corea del Norte, sino bajo el liderazgo de democracias como Estados Unidos, la Unión Europea y otras, que, a pesar de sus deficiencias y errores, son mucho menos peores que las autocracias en proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Y por supuesto que todas las naciones, incluyendo Estados Unidos, tienen intereses nacionales como seguridad, prosperidad económica y preservación de identidad y valores nacionales.

En política pública e internacional no existen decisiones perfectas o libres de polémica. Pero cabe evaluar ¿qué intereses están realmente defendiendo y priorizando las democracias y autocracias que intentan imponerse, y qué cursos de acción son los que más beneficio-riesgo le ofrecen a las mayorías de las naciones afectadas por estas violaciones masivas de DDHH?

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