El proceso de terminación del conflicto armado con las guerrillas es uno de los cinco temas prioritarios para los colombianos, además de educación, combate a la corrupción, empleo e inclusión/seguridad social.

La mayoría somos conscientes que para terminar el conflicto y lograr la paz en nuestro país debemos perdonar. Sin embargo, la diferencia central que divide a los ciudadanos y políticos de Colombia en relación con este proceso de negociación de terminación del conflicto armado, está en qué delitos estamos dispuestos a perdonar y qué penas consideramos justas. Sospecho que la mayoría no entiende lo que está siendo debatido y va al son de los medios de comunicación que con sus titulares simplistas polarizan la ciudadanía entre «pacifistas» y «guerreristas», entre los que están a favor de la «Paz» y los que están a favor de la «Guerra.»

Pero el tema es más complejo que eso. Y para entender mejor este debate, presentaré primero algunas definiciones, así como mis reflexiones y puntos de vista personales al respecto.

Definiciones de delitos políticos y delitos de lesa humanidad contra la población civil

A pesar que existen muchos tipos de delitos y formas de clasificarlos (por el daño que causan, por culpabilidad, por forma de acción, etc.), me centraré en los “delitos políticos” y “delitos de lesa humanidad contra la población civil” por ser los que están en el centro del debate en estos momentos.

Según el Instituto Nacional de Estudios Políticos de México (2006), un delito político es una infracción de la ley penal cometida por motivos políticos. En otras palabras: aquel que tiene por objetivo atacar el modelo de gobierno regente. En el mundo se encuentran varios modelos de gobierno (también llamados regímenes políticos): dictadura militar, monarquía (absoluta, constitucional o parlamentaria) y república (unipartidaria, parlamentaria, semi-parlamentaria, presidencialista), entre otros. Colombia es hoy una república democrática presidencialista donde el Jefe de Estado y de Gobierno es el Presidente, y hay división entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Junto con Costa Rica, Colombia es la democracia más antigua de América Latina. La Constitución de 1991 contribuyó a tornarnos una democracia más pluralista y hoy tenemos al menos nueve (9) partidos políticos en todo el espectro de izquierda a derecha. Cualquier movimiento ciudadano que obtenga 3% de los votos válidos puede constituirse o mantenerse como partido político. Finalmente hay un contrapeso entre poderes relativamente fuerte, a diferencia de otros países donde el poder ejecutivo prácticamente cooptó los poderes legislativo y judicial.

Ejemplos de delitos políticos son la rebelión contra el gobierno, sedición (levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo), atentados contra el gobierno y sus agentes (funcionarios públicos, policías, soldados, entidades, etc.), propaganda ilegal, tenencia de armas, tenencia de explosivos, y amenazas, insultos, desacatos e injurias contra el gobierno. Algunos pueden incluso considerar como delitos políticos (o conexos) el ataque contra la infraestructura del Estado (oleoductos, torres de energía, carreteras). Otros incluso más laxos, consideran como delitos políticos el secuestro y homicidio de militares, policías y funcionarios públicos porque en teoría ellos son agentes del régimen político objeto de derrocamiento. Desde ya anticipo un gran debate en nuestro Congreso en torno a si estos últimos deben ser considerados políticos, conexos u ordinarios.

La guerrilla ha pretendido derrocar el modelo de gobierno colombiano y reemplazarlo por uno socialista. Sin embargo, dadas sus actuaciones después de la Constitución de 1991 que fortaleció nuestro régimen democrático, una buena parte de la ciudadanía perdió la fé en sus intensiones o se tornó en desacuerdo con ellos. Pero ese es otro asunto que podemos tratar en otro espacio. Sigamos.

Por otra parte, están los delitos de lesa humanidad, cuya definición está descrita en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Cuando cometidos contra la población civil, incluyen: asesinato de civiles, tortura de civiles, genocidio o masacre/matanza de grupos de civiles indefensos, exterminio de población civil, desplazamiento forzado de la población y secuestro con circunstancias de agravación punitiva como tortura, entre otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos humanos.

De acuerdo con el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia “¡Basta Ya!” (2013), entre los años 1970 y 2010 fueron realizados:

• 150.000 asesinatos y 23.161 de asesinatos selectivos. De estos últimos 3.899 por la guerrilla (17%), 8.903 por paramilitares (38%) y 2.399 miembros de la fuerza pública (10%)
• 27.023 secuestros: 24.482 por la guerrilla (91% del total) y 2.541 por los paramilitares (9%)
• 11.751 víctimas de 1.982 masacres : 343 por la guerrilla (17%), 1.166 por los paramilitares (59%) y 158 por miembros de la fuerza pública (8%)
• 5.156 de reclutamiento ilícito y forzado
• 25.000 desapariciones forzadas (80% de civiles) entre los años 1985 y 2012
• 5.000.000 (cinco millones) de víctimas de desplazamiento forzado entre 1985 y 2012

Con el sufrimiento que representan esas estadísticas, es claro que todos los colombianos queremos darle fin al conflicto armado y lograr la paz.

Posiciones políticas actuales

Ahora que estamos en la misma página sobre qué es un delito político, qué es un delito de lesa humanidad contra la población civil y la magnitud de los mismos, pasemos a entender las posiciones políticas. Todos los partidos políticos colombianos quieren lograr la terminación del conflicto y la paz en el país, pero hay diferencias en la forma o modelos que proponen para llegar a ello.

Un primer grupo, está representado por las siguientes declaraciones del actual Fiscal General de la Nación Luís Eduardo Montealegre a los medios de comunicación de Colombia el 27 de mayo de 2014: “Partiendo de la base de que estoy de acuerdo con la participación en política de los desmobilizados de la guerrilla una vez dejen las armas, cuando han cometido delitos políticos y delitos conexos, he considerado como Fiscal que resulta inconstitucional una prohibición de participar en política cuando se trate de delitos de lesa humanidad, genocidio u otro tipo de delito.” Este grupo propone que todos los guerrilleros puedan participar en política, sin excluir aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Igualmente, propone penas alternativas como trabajo social para los mismos.

Un segundo grupo, está representado por las declaraciones del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el Senador electo Álvaro Uribe Vélez. Este último declaró en entrevista el pasado 30 de mayo de 2014 lo siguiente: “Aquel que haya cometido delitos políticos (…) permítale participar en política. ¿Pero por qué aquel que está incurso en delitos de lesa humanidad se le va a permitir participar en política? Hay además un contexto nacional muy diferente. Colombia no ha sido una dictadura militar que genera insurgencias armadas para combatirla (…) Aquí ha habido una democracia.” Este grupo está de acuerdo con el perdón de delitos políticos y con las penas alternativas, pero insisten en penas mínimas de prisión (p. ej. seis años) e inhabilidad de participar en política para aquellos incursos en delitos de lesa humanidad contra la población civil. Pregonan «paz sí, pero sin impunidad total.»

Este segundo grupo defiende que en el Gobierno 2002-2010 fueron desmovilizados en torno de 35.000 ó 66% paramilitares y 18.000 ó 34% guerrilleros (los medios de comunicación suelen transmitir a la opinión que fueron paramilitares exclusivamente), cuya mayoría fue procesada usando el marco de justicia transicional denominado “Justicia y Paz.” La misma permitió crear una Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación con 45 fiscales y varios tribunales de Justicia y Paz en Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. Su implementación tiene varias críticas (ver por ejemplo este artículo de períodico El Espectador) pero a través de esta se confesaron más de 35.000 delitos y 894 masacres; se expidieron más de 11 sentencias de prisión a personas incursas en delitos de lesa humanidad y se compulsaron copias ante autoridad competente en tribunales ordinarios para investigar a más de 999 políticos, 916 miembros de la fuerza pública y otras 9.596 personas (ICTJ, 2012). Igualmente, el 13 de mayo de 2008, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados Unidos 14 ex paramilitares, dentro de ellos varios de los máximos jefes paramilitares (Salvatore Mancuso, alias Don Berna, alias Jorge 40, alias Cuco Vanoy y alias Gordolindo) que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz, porque continuaron cometiendo delitos de narcotráfico, entre otros.

Como se puede notar, ambos grupos quieren terminar el conflicto y lograr la paz en el país pero proponen modelos diferentes de perdón y justicia. Ponerlos en una esquina de «pacifistas» y «guerreristas» por esta diferencia, como algunos pretenden, es sobre-simplificar la cuestión.

Mi posición sobre el tema

Apoyo la solución negociada del conflicto armado colombiano, la participación política de guerrilleros desmobilizados y el perdón o amnistía parcial, a pesar que mi familia ha sido víctima de grupos armados que han pretendido derrocar el gobierno (mi papá murió a causa de la bomba puesta al avión de Avianca en 1989 por Pablo Escobar para desestabilizar el Gobierno e impedir la extradición de narcotraficantes y un exnovio de mi mamá y amigo de nuestra familia fue secuestrado por la guerrilla en los 90s).

Sin embargo, considero que no darle una pena mínima de prisión (así sea 10% a 15% de lo que plantea la justicia ordinaria) a alguien incurso en un delito de lesa humanidad contra civiles, no es solo injusto con las víctimas y va contra el Estatuto de Roma, sino que también deja un mal precedente para otros que podrán creer que pueden delinquir o seguir delinquiendo porque al fin de cuentas podrán pagar sus delitos con penas leves. Más aún, genera el riesgo de que se multipliquen los casos de falsa demobilización como el de Cacica Gaitana donde en torno de 50 narcotraficantes, criminales y civiles se hicieron pasar por guerrilleros para demobilizarse y acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz del Gobierno anterior. Si flexibilizan aún más el Marco Jurídico para La Paz de este Gobierno, como lo están pretendiendo, este se tornaría mucho más condecendiente, permitiendo que semejantes delitos de lesa humanidad sean pagados con tan solo servicio social y sin ningún tipo de inhabilidad temporal o permanente. Hasta los sicarios de barrio y delincuentes urbanos (responsables por 80% de los homicidios que se comenten cada año en Colombia, según el informe «Forensis» de Medicina Legal) van a querer ser o hacerse pasar por guerrilleros.

Por lo anterior, mis posiciones son las siguientes: Primero, soy a favor de amnistía o indulto de delitos políticos y conexos. Segundo, estoy de acuerdo con penas reducidas de prisión máxima de 4 a 8 años para aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad contra civiles. Eso representaría perdonar entre 80% y 90% de la pena que daría la justicia ordinaria para los mismos. Tercero, estoy de acuerdo con permitir la participación política de guerrilleros desmobilizados, pero quienes hayan  cometido delitos de lesa humanidad deben quedar inhabilitados durante el pago de las referidas penas reducidas y, sólo después, SÍ poder participar en política. Cuarto, estoy de acuerdo en hacer extensivos todos los beneficios y penas del marco de justicia transicional finalmente acordado, tanto a guerrilleros como a paramilitares, agentes del Estado (soldados, policías y políticos) y ciudadanos. Quinto, estoy de acuerdo en implementar y desarrollar mecanismos que amplíen y le den garantías a la oposición política. Por último,  para solucionar de fondo el conflicto es clave abordar sus causas raíces (pobreza y desigualdad social urbana y rural) y promover una paz y reconciliación integral.

¿Tú qué opinión tienes sobre este tema?

Categorías:Español, Political Development